Las academias deben atarearse en un doble movimiento: uno centrípeto, en acordar, apoyadas en la convalidación de los usos que auspician adopciones panhispánicas únicas que faciliten la expansión de nuestra lengua en el mundo. En este sentido, las opcionalidades (‘alvéolo’, ‘alveolo’) son el cáncer del idioma. El otro, en la especialización estudiosa de los usos firmes de su región lingüística para señalar lo diverso en la unidad, pero no para alzar fronteras entre regiones. Ahora sí, en cada región mandan, en lo propio, los locales. En fin, nuestras mujeres usan ‘pollera’, y las españolas, ‘falda’, pero todas pueden lucir ‘tanga’, y esto es estimulante, léxicamente, digo.
Pedro Luis Barcia (expresidente de la Academia Argentina de Letras) en “¿Quién manda en la lengua? La cofradía hispanohablante.
El español surge desde distintos puntos del mundo en los que se escribe, publica y enseña” en El País, 02/07/2016
1. Introducción
En tiempos de globalización, la conformación de bloques de integración regional, el aumento de los intercambios y de la movilidad de personas, así como el desarrollo de nuevas formas de comunicación, organización y producción facilitados por las tecnologías, obligan a repensar nociones como Estado y soberanía nacional. En el juego de fuerzas que el Estado establece con un mercado que tiene dimensiones planetarias y una sociedad civil interconectada, cambian también los modos de intervención en el espacio público del lenguaje. En este contexto, las lenguas tienen un papel central en tanto condición de posibilidad de los intercambios. Además, se valorizan ciertas lenguas y variedades en detrimento de otras como efecto de una economía basada en el sector terciario.
La globalización lingüística engendra dos procesos aparentemente contradictorios (García Canclini, 2004; Steger, 2009; Ortiz, 2014). Por un lado, se enfoca hacia lo global en términos de expansión, unidad y homogeneidad; por otro, hacia lo local en términos de contracción, diversidad y heterogeneidad. Lo global y desterritorializado se alinea con mandatos económicos de empresas transnacionales para cubrir mercados amplios. En el otro extremo, lo local carga un sello territorial: la particularidad, y constituiría, en principio, un obstáculo para los negocios. No obstante, para atraer a los clientes se deben burlar las contradicciones que separan lo global de lo local. El imaginario del consumo requiere lo común y lo diverso para vender. Este fenómeno que se orienta en dos direcciones no dicotómicas sino dialécticas se denomina glocalización (Niño-Murcia, Godenzzi y Rothman, 2008).
En el caso del español, hablado en un vasto espacio, que incluye desde bloques de integración regional política y/o comercial (Unión Europea, Mercosur, Unasur, Nafta) en donde en algunos casos la lengua opera como un componente esencial en la generación de formas de identidad compartida, hasta el interior de las fronteras estatales de los países que lo tienen como oficial (de derecho o de hecho), con diferentes situaciones sociolingüísticas de contacto de lenguas, diversos contextos históricos, políticos y educativos y distintas dinámicas de intercambio económico que dan lugar a mercados lingüísticos específicos, se discute el papel de la lengua en la escena mundial.
En ese sentido, al margen del cambio de estatuto (simbólico) del español (Del Valle, 2007) en virtud de la globalización, se evidencian mutaciones en las prácticas lingüísticas, que exigen renovadas planificaciones sobre el corpus y sobre la adquisición de la lengua. La “Nueva política lingüística panhispánica” (NPLP), impulsada por la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) a partir de los primeros años del siglo XXI se originó para responder dichas demandas: en diez años, se renovaran los tres códigos normativos canónicos: el diccionario, la gramática y la ortografía. Por otra parte, en la Argentina, donde el español es, de hecho, oficial, la cuestión de la lengua forjó -y continúa forjando- debates acerca de la identidad lingüística y de la posibilidad de implementar una política lingüística nacional, soberana y, en términos técnicos, endonormativa (Di Tullio, 2003, Ennis, 2008, Glozman y Lauria, 2012, Kornfeld, 2014).
Dos objetivos entrelazados guían el presente trabajo. Por un lado, revisar críticamente algunas afirmaciones sobre la reorganización del régimen de normatividad del español (Amorós, 2014 y Méndez, 2012). Esto es: el pasaje del monocentrismo al pluricentrismo y/o panhispanismo, modelos normativos que, en mayor o menor medida, se sustentan en la diversidad y que, aunque presentados, ocasionalmente, como equivalentes, no lo son ya que se apoyan en criterios de selección de la norma divergentes. Criterios que escogen ciertas formas a las que se atribuyen valores sociolingüísticos a partir de operaciones de inclusión y exclusión de determinada representación de la lengua legítima. Por otro, interesa indagar cuál es el margen de acción y cuáles los límites de incumbencia de las academias correspondientes en cuanto a la regulación de sus variedades nacionales en el marco de la política panhispánica. Para ello, se aborda, desde el enfoque glotopolítico, atento a desentrañar la dimensión política e histórica de las intervenciones en el lenguaje, la labor de la Academia Argentina de Letras (AAL). El corpora de análisis son sus dos más recientes instrumentos lingüísticos (Auroux, 1992 y Arnoux, 2016): el Diccionario argentino de dudas idiomáticas (2011) y el Diccionario gramatical de la lengua española. La norma argentina (2014). Ambos ciñen, como se anticipa en los títulos, la reflexión a la variedad nacional.
2. Las academias de la lengua española. El caso de la Academia Argentina de Letras
2.1. La “Nueva política lingüística panhispánica”
Dado que los países hispanoamericanos “heredan” la lengua de su exmetrópoli, fruto de su pasado colonial, estos deben, a partir de los procesos independentistas, pensarse como naciones autónomas, al tiempo que España busca conservar la preeminencia poscolonial sobre estos territorios. Por ello, durante gran parte de los siglos xix y xx la situación lingüística de América se define en relación con la Península. De ahí que sea pertinente, inicialmente, remitir a la RAE como primera -y principal- institución reguladora en el ámbito hispánico, lugar que, con matices, conserva en el presente liderando la red de instituciones que forman las academias, esto es, la ASALE.
La RAE está ligada desde sus orígenes al Estado: por iniciativa del noble Juan Manuel Fernández Pacheco, en 1714 el rey Felipe V aprueba, mediante una cédula real, su constitución. Enmarcado en un proyecto de Estado-nación, el organismo estableció un modelo normativo monocéntrico: la variedad culta de Castilla como patrón de referencia correcto tanto para España como para América. Así, comenzaba un proceso de construcción del lugar de autoridad “natural” en todo el ámbito hispánico, para lo cual contaría, en su primer siglo de vida, con los tres códigos: el Diccionario de Autoridades (1726-1739), la Orthographía Española (1741) y la Gramática de la Lengua Castellana (1771).
Si hasta 1824, fecha en que culminan los movimientos emancipatorios en América, era incuestionable el papel de España como única autoridad lingüística, a partir de ese momento esa posición comenzó a ser disputada y algunos de los nuevos países manifestaron la posibilidad de construir sus identidades nacionales dejando de lado la herencia hispánica. A partir de la década del cuarenta, cuando la independencia política era ya un hecho, tuvieron lugar debates acerca de la independencia cultural y lingüística en el marco de los procesos de formación de los Estados nacionales (en Chile polemizaron Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Bello en torno a la reforma ortográfica y en la Argentina la denominada Generación del 37 abogó a favor de la autonomía (Glozman y Lauria, 2012)); mientras que, del otro lado del Atlántico, la clase intelectual y política española afrontaba el reto de formar una nación que se integrara a la modernidad (Del Valle y Gabriel-Stheeman, 2004), para lo cual era clave formar una identidad que superara el pasado imperial y entablara una nueva relación con Hispanoamérica. Para ello, se desplegó una política de acercamiento, a fines de 1860, que coincidió con la aceptación, por parte de España, de la pérdida de las colonias (Rama, 1982).
Un modo de intervención consistió en la designación por parte de la RAE de miembros correspondientes. Más adelante, promovió la creación de academias correspondientes -la primera en 1871 en Colombia- que respondieran a la matriz central para favorecer el mantenimiento de la unidad idiomática, adhiriendo a la norma monocéntrica y contribuyendo a su legitimidad. Lo “americano” se incluía pero desde un lugar subordinado.
En 1951 se creó la ASALE para dar inicio a una nueva etapa a partir de la labor coordinada de las academias, las cuales, hasta ese entonces, asistían a la española. Sin embargo, la ASALE mantuvo -y mantiene- la estructura jerárquica que prevaleció históricamente, ya que la función de presidente es ocupada por el director de la RAE (Del Valle, 2010).1
Hacia fines de los ochenta, España promovió una política estatal de proyección internacional en tanto buscó reinsertarse en el mapa mundial luego del prolongado aislamiento en el que la había sumido la dictadura franquista. Igualmente, se fomentaron las relaciones con América Latina (Del Valle, 2007), donde, en la década siguiente, crecieron las inversiones de empresas transnacionales con capital español. En ese contexto, el gobierno puso en marcha un plan de promoción internacional del español: creó el Instituto Cervantes en 1991 y sumó a la RAE con la ejecución de una política de área idiomática designada NPLP. El documento, presentado oficialmente en el III Congreso Internacional de la Lengua Española en 2004, expone los pilares en los que se sustenta: 1. el abandono del modelo monocéntrico y la adopción de uno panhispánico, a veces llamado pluricéntrico o policéntrico,2 que reconoce la diversidad al interior de la lengua, compatible con el mantenimiento de la “unidad básica” del sistema; 2. una modalidad de trabajo asentada en el “consenso interacadémico”, donde la RAE y las restantes academias participan “en pie de igualdad” en la reforma de los códigos normativos.3
2.2. La Academia Argentina de Letras
En 1931, luego de fuertes polémicas en torno a instalar o no una “sucursal” de la RAE y con la experiencia del cese de actividades de las dos academias anteriores -la Academia Argentina de Ciencias y Letras (1873-1879) y la Academia Argentina de la Lengua, correspondiente de la RAE (1910)-,4 el gobierno dictatorial de José Félix Uriburu creó la AAL. El tercer intento, que no fue una iniciativa de la RAE como en el caso de la mayoría de las academias americanas, logró perdurar en el tiempo.5 La corporación presentaba un doble funcionamiento: hacia el interior asesoraba a los organismos del Estado en materia lingüística y disciplinaba el campo literario; hacia el exterior, asumía las funciones de las academias correspondientes -aunque no lo fuera oficialmente puesto que era “asociada”-, de atender a las demandas de Madrid, básicamente en lo relativo a la codificación del léxico.6 La concepción sobre la lengua nacional que se plasma en sus documentos fundacionales se condensa en un lexema “peculiaridades”. De este modo, la distribución entre la lengua castellana -lengua común- y los particularismos -expresión del lenguaje argentino- devino su posición oficial, clausurando cualquier otra forma de concebir el léxico de la variedad nacional. Para cumplir esa misión, se firmó en 1941 “un plan de cooperación” entre la AAL y la RAE, que comprometía a la primera a estudiar el léxico de uso corriente en el país y comunicárselo a la RAE para enriquecer el Diccionario académico7 y en 1946 se creó el Departamento de Investigaciones Filológicas (hoy de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas) para estudiar científicamente el patrimonio lingüístico y hacerse cargo de las tareas de codificación.8
Fue en 1999, durante la gestión de Ofelia Kovacci, cuando la AAL pasó de ser asociada a correspondiente debido a la gestación de la NPLP en la que la Argentina, pese a su larga tradición “rebelde”, permeada, por momentos, con actos de reivindicación soberana de la identidad lingüística (durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón entre 1952 y 1955 y durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner),9 no podía dejar de participar.
La institución funciona gracias al financiamiento (para el pago del costo de las publicaciones, de los salarios de los empleados y de la manutención de las instalaciones) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y bajo la premisa de “lograr el perfeccionamiento de la utilización de los recursos públicos tendientes a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados”.10
2.2.1. Los nuevos instrumentos lingüísticos de la AAL
A partir de la década del noventa, la AAL, a través de su Departamento técnico, aumentó notablemente la producción metalingüística centrada en la variedad nacional (Registro del habla de los argentinos (1994, 1995 y 1997) y los primeros folletos, luego disquetes y más tarde discos compactos sobre dudas idiomáticas frecuentes (2001)).11
De este siglo, son las obras lexicográficas de “argentinismos”, que siguen la tradición complementaria y contrastiva asumida por todas las correspondientes: el Diccionario del habla de los argentinos (DiHA, 2003 y 2008), los léxicos temáticos de la colección “La Academia y la lengua del pueblo” (2007 y 2009) y el Diccionario fraseológico del habla argentina (2010).12 Zimmermann (2013) arguye que los diccionarios contrastivos son contraproducentes para la estandarización. Esto se revertiría si se hicieran diccionarios integrales, que revisten de otros valores a las variedades. Si bien en la “Introducción” de la segunda edición del DiHA se expone que se debería dar lugar en el futuro a un repertorio no contrastivo, lo cierto es que ese proyecto quedó, en la Argentina, en manos del mundo privado.13
En los últimos años, publicó dos instrumentos híbridos (borran los límites entre distintos espacios de saber: gramática, diccionario, ortografía) de referencia de la variedad argentina. Aparecieron en un momento de la historia política del país en el que se reivindicaba la soberanía en varias esferas, la lingüística entre ellas, con la creación del Museo del libro y de la lengua en 201114 y con la divulgación del “Manifiesto por una soberanía idiomática” en 2013.15 A primera vista, se trata de obras endonormativas que promulgan el pluricentrismo como modelo normativo, lo que supone su contribución a configurar representaciones positivas acerca de la legitimidad de la variedad.
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Diccionario argentino de dudas idiomáticas (DADI), Buenos Aires, Santillana, 2011
Además de manifestarse en el título, la orientación programática de la obra se explicita en los textos que conforman el aparato paratextual. En la “Presentación”, firmada por David Delgado de Robles (Director de Santillana Argentina) y el por entonces presidente, Pedro Luis Barcia, se explica que su génesis se debe al éxito que tuvo el Diccionario panhispánico de dudas (DPD, 2005) y al pedido de la ASALE de revisarlo para una futura edición. Como resultado de lo solicitado, se elaboró uno “más acotado a nuestros requerimientos” (p. ix):
Han pasado seis años desde la aparición del DPD. La Academia Argentina de Letras, en este tiempo, vio la oportunidad de distinguir planos en el seno del DPD. Estos planos corresponden, por una parte, a cuestiones generales que importan a las ocho regiones lingüísticas del mundo hispanohablante. Por otra parte, se refieren a aquellas cuestiones que conciernen a una región ajena a la nuestra y a cuestiones de estricta referencia a la realidad argentina. Apoyada en esa doble perspectiva -lo general por un lado y lo regional y nacional por otro-, a este recorte, trazado en el caudal del DPD, la Academia le sumó aquellos temas o dudas lingüísticas que nos son propios y no habían sido incorporadas a la obra de 2005 (p. ix).
La proliferación de deícticos de primera persona plural (“nuestros requerimientos”, “región ajena a la nuestra”, “nos son propios”) asociados con sintagmas como “diccionario argentino”, “realidad argentina” “perspectiva nacional” despejan cualquier duda en torno a cuáles son los puntos de partida (fenómenos lingüísticos consignados) y de llegada (destinatarios previstos). En el último párrafo del texto se expresa que ambas instituciones “[…] se complacen en presentar a ustedes este Diccionario argentino de dudas idiomáticas, con la esperanza de que se convierta en una obra de consulta provechosa para todos los niveles de usuarios de nuestro país” (p. x).
En el segundo escrito introductorio “La Academia Argentina y los diccionarios de dudas idiomáticas”, el director del Departamento de Investigaciones, Francisco Petrecca, enumera las obras realizadas a partir de las respuestas a las consultas que llegaban al servicio telefónico que brinda la Academia y que se entregaban gratuitamente en los eventos en los que la institución participaba. Según el autor, estaba en carpeta la elaboración de un diccionario de dudas, que se vio “interrumpido” por el inicio de las tareas para el DPD. Una vez que vio la luz la obra panhispánica, la AAL reanudó su plan y se abocó a “nuestra norma”:
[A la vista del DPD] la Academia pensó en una segunda etapa: descartar de esta obra algunos artículos que no correspondían al habla del país, agregar otros que conviniera incluir porque corresponden a las particularidades propias del español hablando en la Argentina, ejemplificar con autores contemporáneos argentinos y con textos extraídos de diarios de todo el territorio y redactar la obra en un castellano afín con el de nuestra norma […] [Puesto que s]in dudas, la característica saliente del Diccionario argentino de dudas idiomáticas es atender, en lo sustancial, a la norma estándar general de la Argentina (p. xii).
En el DADI se ejecutaron algunas reformulaciones respecto del texto fuente, pero sin que se alterara “la finalidad y utilidad insustituible del DPD” (p. XII).
Si bien se hace un tímido guiño a las tensiones constitutivas de la regulación idiomática, refiriéndose a la correlación de fuerzas en el campo normativo de “nuestra lengua” (= español) que es pluricéntrico, mas no simétrico:
Aunque la disputa sobre la primacía de una normativa sobre otra en el español general se encuentre superada por la aceptación de que nuestra lengua compartida por veintidós países conforma un sistema pluricéntrico de normas, es imposible soslayar el peso que la norma peninsular ha tenido para el reconocimiento de un modelo de habla (p. XV).
Hacia el final se reorienta la argumentación a favor de lo común por sobre la capacidad de “autodeterminación lingüística” (Muhr, 2013) necesaria para dar curso al pluricentrismo:
De todos modos, en esta obra, predomina la búsqueda de una formulación común, que se ajuste y potencie sus coincidencias, que se corresponda con el DPD, el cual, más allá de futuras recomendaciones, es el fruto de la labor conjunta de las Academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (p. XV).
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Diccionario gramatical de la lengua española. La norma argentina (DIGLE), Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 2014
Se trata de una publicación académica, aunque no corporativa desde el punto de vista autoral puesto que está firmada por la vicepresidenta de la institución, Alicia Zorrilla.
El prólogo, firmado por la autora, abre con un epígrafe de Ángel Rosenblat que guía el derrotero argumentativo del texto. La cita de autoridad anuncia: “La falta de respeto por las palabras es falta de honradez moral e intelectual”. La articulación entre el plano lingüístico y el moral e intelectual evoca la llamada “tradición de la queja” (Milroy y Milroy, 1985) en la que los “guardianes del lenguaje” (las academias, los maestros, los medios) instauran formas del bien decir y las naturalizan como las correctas al tiempo que estigmatizan las formas desechadas y las asocian a desvíos morales cuando no también cognitivos.
Los maestros y los estudiantes son los destinatarios privilegiados de la obra:
[…] enseñar a hablar y a escribir con dignidad debe ser el objetivo de la escuela siempre, su gran misión. […] El maestro y el profesor, ejecutores de esa misión, trabajarán para no deslucir con sus propios errores lo que se transmite en cada clase. Como servidores de la palabra, deben enseñar a sus alumnos […] la libertad de decir bien […]. reflexionar sobre la lengua debe ser la tarea cotidiana de los docentes y de los alumnos, pues no se habla o se escribe para nadie, sino para los demás, para la comunidad que la comparte solidariamente (p. 11).
Empero, se aclara que “libertad de decir” no significa “desenfreno léxico” ni “vulgarismo gratuito” (p. 11), sino que se debe atener a las normas estipuladas de “nuestra lengua” (p. 11) que “se fundan”, la intertextualidad se manifiesta, en los dispositivos panhispánicos. Entonces, ¿qué alcance tiene la “norma argentina”? Al respecto, la autora justifica:
El subtítulo, La norma argentina, indica que la norma lingüística ha dejado de ser monocéntrica, es decir, no hay una sola Academia que difunde las normas, sino policéntrica, pues, además de la norma general, panhispánica -«acuerdo colectivo sobre lo que es correcto»- debe darse importancia a las normas locales, deben respetarse los usos de cada país, pues estos responden también a su idiosincrasia. De ahí que se hable del español de la Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, del Paraguay, del Perú, del Uruguay, etcétera. Por este motivo, en los artículos correspondientes a las normas, se expone primero la panhispánica y luego la argentina, que, muchas veces, coincide con esta y, otras, presenta diferencias (p. 12).16
Del fragmento citado se deriva un encadenamiento retórico sugestivo: la norma del español es ahora “policéntrica” porque no hay una única academia. Borrando el hecho de que las academias correspondientes existen hace tiempo, Zorrilla entiende que son los únicos agentes que difunden las normas. Sin embargo, en el artículo temático “Norma lingüística” define:
La norma lingüística es la regla que debe seguirse para emplear correctamente nuestra lengua. La norma nace del uso; los hablantes creamos las nomas […]. Hay, pues, una norma culta argentina, boliviana, chilena, colombiana, ecuatoriana, mexicana, paraguaya, peruana, venezolana, uruguaya, etcétera, pero un solo español.
Como se entrevé, se plantea una contradicción con el pasaje anterior puesto que en este caso la norma procede menos de las academias que del uso que los hablantes cultos hacen de la lengua. Se apela a la idea de lo natural a través del uso metafórico del verbo “nacer” y, por extensión, se omite el carácter político e ideológico que detenta la norma. Por otro lado, mientras que en la primera cita hay distintos españoles, en la segunda el español es uno solo. La confusión terminológica entre “norma” y “lengua” es flagrante, pero en lo que no se vacila es en que la variación cae del lado americano: no hay ni español de España ni norma española.
3. Análisis
El estudio cualitativo se centra en los discursos de la macroestructura y la microestructura a partir de dos entradas metodológicas: la compulsa de la letra C y el relevamiento de una serie de artículos de fenómenos sensibles para la variedad (seseo, voseo, yeísmo, usos del pasado, neologismos y extranjerismos).
En el bloque programático del DADI, se declara que la obra atiende a la “norma estándar general de la Argentina”, por lo que fue necesario realizar un conjunto de operaciones de reformulación interdiscursiva (ajustes, supresiones, adiciones, modificaciones) con respecto al DPD y en función del nuevo destinatario:
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En el nivel de la macroestructura
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Supresión de voces inusuales: “cabriolé”, “cacahuate”, “cácher”, “calcutense”, “calé”.
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Supresión de acepciones inusuales: en “casual” (locu ción “por un casual”) y “cuenta” (en los casos de “salir de cuenta(s)” y “tener o traer cuenta”).
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Adición de voces y acepciones usuales: “cabotaje”, “calza”, “capeleti”, “Chaco”, “clasificado”, “cocinar(se)”, “comodidades”, “compañero”, “conformidad”, “contornear”, “conurbano”, “corrugado”, “credibilidad”, “criterio”, “crucial”, “cuyano”. En los apéndices, se introduce la información que se compagina con la realidad nacional: abreviaturas de dependencias gubernamentales, militares, geográficas y gentilicios.
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Lematización por frecuencia de uso: “camarín” por “camerino”, “chasis” por “chasis” o “chasís”, “compartimento” por “compartimiento”, “computadora” por “computador, ra”. En este grupo, llaman la atención los casos de cambio de ortografía en “cuark”, “cuásar” y “cuórum” puesto que, sin ser de uso habitual en la “norma estándar general de la Argentina”, se adecuan a las pautas de la Ortografía del 2010.
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Supresión del artículo temático “ceceo”.
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Tratamiento de extranjerismos, préstamos y calcos: se siguen las orientaciones del DPD, pese al hecho de que en “la norma estándar general de la Argentina” se prefieran las formas crudas a las adaptadas: “cabaré”, “cabeza rapada”, “caché”, “cachemira”, “cadi”; “campin”, “capó”, “carné”, “castin”, “cáterin”, “centro comercial”, “champú”, “contenedor”.
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En el nivel de la microestructura
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Transformación en el dominio del enunciado definidor:
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En el artículo “seseo” se descartan los datos relativos a su uso “entre las clases populares de Valencia, Cataluña, Mallorca y el País Vasco, cuando hablan castellano” (DPD, p. 598):
En la entrada “español” se omiten las frases “La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada” y “En España, se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco” (DPD, p. 272):
El artículo “yeísmo” se refiere al fenómeno (“[…] [que] consiste en pronunciar el dígrafo ll (→ll) como la letra y- en posición inicial de palabra o de sílaba (→y)”) extendido en amplias zonas hispanohablantes y admitido por las normas cultas de aquellos lugares donde se produce. Sin embargo, la entrada “yerba”, elemento central de la cultura rioplatense, reenvía a “hierba” y es en la segunda acepción donde se alude a la “yerba” mate:
Adaptación del metalenguaje empleado en el enunciado definidor:
Aparece “grave” en lugar de “llana” para señalar que el vocablo lleva el acento prosódico en la penúltima sílaba.
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Cambio en el dominio de la contextualización:
En los artículos temáticos como “cardinales”, “coma”, “comillas”, “concordancia”, “corchete”, los cambios no se producen ni en la organización ni en la formulación del contenido, sino en los ejemplos ad hoc y en las citas que abonan los usos. Las citas pertenecen a autores de obras, en general literarias o ensayísticas, y de artículos de la prensa argentinos.
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Prescindencia de indicaciones etimológicas, que impacta en el orden de acepciones:
Se omite la primera acepción de “Voseo reverencial” que figura en el DPD y se detiene en el “Voseo dialectal americano”, con especial referencia al caso argentino reescrito como “rioplatense”.17 Asimismo, se suprimen las informaciones sobre su empleo en otras variedades americanas. En los cuadros de conjugación verbal, figuran como no marcadas las formas voseantes y entre paréntesis las del tuteo, a la inversa que en el DPD.18 Un examen exhaustivo del DIGLE advierte que la “norma argentina” está no solo subrepresentada sino también expuesta mediante una distribución gráfica secundaria. La disposición textual de la microestructura se inicia con la enunciación de la regla panhispánica a la que se le agrega, en ocasiones, breves tramos relativos a la “norma argentina”. Estas secuencias, diagramadas en listas, recuadros y/o introducidas con la frase “En la Argentina…”, se presentan como casos especiales, al estilo de las excepciones. La “norma argentina” resulta ser lo marcado cuando no debería serlo:
Lo mismo sucede con los diminutivos: a la explicación sobre su formación le sigue la lista:
Mayúsculas
La palabra mayúscula deriva del latín (majusculus, ‘un poco más grande, algo mayor’); es el diminutivo de major (comparativo de magnus, ‘grande’), ‘mayor’ […]. Pueden escribirse solo con mayúscula inicial o con versales:
Las abreviaturas de los tratamientos religiosos: H. Juan (Hermano Juan); Hno. Pedro (Hermano Pedro); Hna. Teresa (Hermana Teresa); P. Roberto (Padre Roberto); M. Nora (Madre Nora); M.e Silvia (Madre Silvia).
Los títulos profesionales, los tratamientos, las palabras que expresan poder público, dignidad o cargo importante, cuando no están acompañados del nombre propio: Rey, Príncipe, Infanta, Delfín, Senador, Diputado, Juez, Magistrado, Ministro, General, Jefe, Gobernador, Director, Intendente, Rector, Secretario, Coronel, Doctor, Gerente, Licenciada, Papa, Presidente, Profesora, Señor, Señorita, Estado, Gobierno, República, Justicia.
Otros casos:
En la Argentina, los nombres de las razas bovinas suelen escribirse con mayúscula inicial: La raza bovina Aberdeen Angus, productora de carne, es originaria de Escocia; Productores paraguayos introdujeron recientemente en el país la raza ovina Lincoln.
En el caso de las abreviaturas, se copian íntegramente las tablas del DPD, en las que aparecen casos como R.O. (Real Orden), S.A.R. (Su Alteza Real) o V.B. (Vuestra Beatitud), de nulo empleo en la Argentina. Las únicas formas que se agregan son las de las provincias argentinas, lo cual demuestra el carácter complementario de la obra.
En los artículos sobre el “voseo” y el uso del pretérito perfecto compuesto, el recurso del verbo “reemplazar” en el enunciado definidor indica el contraste:
Es interesante el tratamiento otorgado a los extranjerismos pues se los considera barbarismos, pese a que muchas de las vo-ces incluidas en el artículo forman parte de la “norma argentina”:
Finalmente, resulta llamativo la presencia de artículos sobre fenómenos ajenos a la “norma argentina”:
Ambos instrumentos ponen de manifiesto que las dificultades para la delimitación de la “norma argentina” tienen correlato con la falta de decisiones (políticas, teóricas y metodológicas) congruentes con un determinado modelo normativo, sea este cual fuere. Declarar abrazar un patrón pluricéntrico es inconsistente cuando se choca de frente con el afán forzoso de obedecer a la “máquina disciplinadora del panhispanismo” (Celada, 2015).
4. Discusión
Los datos recogidos en el análisis ofrecen líneas para la discusión de los márgenes de maniobra de las academias sobre su propia variedad. En lo que sigue, nos centramos en la encrucijada que se plantea entre las academias, el panhispanismo y el pluricentrismo.
Pluricentrismo y panhispanismo son las denominaciones de dos modelos de estandarización que se montan sobre la diversidad lingüística, alejándose del monocentrismo fundado en la selección de una sola variedad geográfica y social como base del estándar, pero con diferencias. Pluricentrismo es un concepto teórico de la sociología del lenguaje como diglosia, bilingüismo o pidgin. Prueba de ello es que se emplea para describir y explicar la situación de distintas lenguas. Más allá de su variación conceptual (Clyne, 1992; Muhr, 2013),21 se lo identifica, en general, con toda lengua histórica para la que se haya elaborado más de un estándar ya sea de modo explícito (a través de gramáticas y diccionarios) o implícito (a partir de la propia experiencia histórica que otorga prestigio a cierta norma por factores políticos, económicos o simbólicos). En el caso del español, Lara (2015) parte del hecho empírico de que es una lengua pluricéntrica puesto que hay españoles nacionales y cada país constituye un centro de difusión en su propio territorio. Pero añade que hay centros con más poder, por lo que además de pluricentrismo, hay multipolaridad: el centro tiene que ver con el lugar desde donde se irradia la norma, y el polo con el poder de difusión del centro. Panhispanismo, por su parte, es un término, menos empírico que político, carga una memoria que se remonta a fines del siglo XIX (Del Valle y Gabriel-Stheeman, 2004; Sepúlveda, 2005) y que se reactualiza a comienzos del siglo xxi con otro sentido histórico. El modelo panhispánico académico actual declara ampliar la base del estándar y avanza, con reservas, en la aceptación de variantes regionales (de algunos usos cultos como el voseo en el Río de la Plata). Si bien acusa la construcción de un estándar supranacional, numerosos estudios críticos develan, a partir del análisis de discursos metalingüísticos,22 su anclaje ideológico en cuanto a la gestión pretendidamente “colectiva y democrática” de la lengua, la cual, en realidad, perdura bajo la tutela centralista de Madrid y al tratamiento otorgado a las variedades, en especial, a “lo americano” en un lugar subsidiario (Lauria y López García, 2009; Fanjul, 2011; Senz, Minguell y Alberte, 2011; Del Valle, 2014; Arnoux, 2014 y 2015).23 En suma, la NPLP, lejos de exponer transformaciones plurales, enfatiza un discurso de autolegitimación de la RAE como primordial agente estandarizador. Y el modelo normativo resultante es un “panhispanismo monocentrípeta”, en palabras de Lara (2015).
Es en el prólogo de la Nueva gramatica de la lengua española (2009) donde se asume que la norma tiene “carácter policéntrico” y que con esto no se vulnera la unidad de la lengua, además de asegurar que “no es posible presentar el español de un país o de una comunidad como modelo panhispánico de lengua”.24 Dado este escenario en el que las academias reconocen el carácter pluricéntrico del español, ¿qué pueden hacer las academias correspondientes para encarar la gestión de sus variedades? Esbozamos algunas respuestas.
Primero, la ASALE opera en dos frentes. Hacia afuera, predomina el pluricentrismo como designación de la actividad normativa académica. Prueba de esto es la polémica pública sobre el nombre de ciertas letras que se suscitó unos meses antes de la presentación de la Ortografía de 2010 cuando algunos académicos americanos salieron a marcar diferencias y plantar posiciones.25 Hacia adentro, no hay un impacto positivo del pluricentrismo ni a nivel de las prácticas ni de las representaciones. Muestra de esto es la casi nula actividad de las academias correspondientes en la codificación de sus variedades. Lo que se permite son algunas formas de apropiación y pequeños desvíos, pero que no implican la puesta en práctica del pluricentrismo pues eso atentaría contra sus propios intereses políticos y económicos. Su mención no es más que una operación amparada en el discurso de la lingüística y de las discursividades contemporáneas de respeto a la diversidad y de lo políticamente correcto.26
Segundo, la gestión autónoma de la lengua, para dar curso al pluricentrismo, involucraría la decisión política de elaborar instrumentos que registraran los estándares nacionales sin complementariedad ni contraste con otras variedades y sin intertextualidad con otras obras. Requiere la adopción de criterios teóricos y metodológicos adecuados como la redacción de un plan de trabajo ab initio y el diseño de un corpus, representativo y fiable, que reuniera las unidades léxicas y las variantes morfosintácticas con más frecuencia de uso.
Finalmente, en países como la Argentina se reactiva cada tanto la intención glotopolítica de regular su variedad. Durante los últimos años, el Estado arbitró el orden lingüístico para su mercado local y regional (Lauria, 2017b). Pese a que la AAL es una dependencia estatal y pese a las buenas intenciones y al conocimiento científico de su personal técnico y de lo (poco y controlado) que puedan expresar en los tramos programáticos y en declaraciones a la prensa en torno al pluricentrismo con la (supuesta) voluntad de plasmarlo en sus obras, es inviable esperar un cambio de su parte porque su otra filiación, la de ser subsidiaria de la RAE, la amarra, con la anuencia de ciertos sectores pro mercado, a relaciones de fuerza afines a factores geopolíticos y económicos globales, cuyos intereses representa la NPLP.
5. Reflexiones finales
El propósito de este trabajo fue reflexionar en torno a las posibilidades de acción de las academias en torno a la regulación de sus propias variedades lingüísticas. En particular, nos detuvimos en la labor desplegada por la AAL a través de sus más recientes instrumentos lingüísticos. Los resultados muestran que la posición asumida representa los intereses de ciertos grupos que se traducen en la variedad que se codifica. Los dispositivos analizados relativizan los discursos a favor del pluricentrismo que proclaman perseguir a partir del título y de la presentación. Los dominios de la macroestructura y de la microestructura quedan, salvo contados casos, encorsetados respecto de la norma panhispánica. La “norma argentina” se circunscribe, sobre todo, al léxico y, en la superficie textual, a los márgenes: cuadros, listas y apéndices. Esta situación, que sigue la lógica de centroperiferia, reproduce las relaciones de subalternización asociadas con representaciones negativas hacia la variedad local, y genera, por extensión, inseguridad lingüística en los hablantes destinatarios de las obras.
Quizás estas conclusiones no sean sorprendentes ni siquiera novedosas. No obstante, es imprescindible seguir (de)mostrando que la política de la AAL está bastante alejada de las prácticas lingüísticas reales de los argentinos. La AAL es un agente activo: es, incluso, una de las academias más laboriosas (por el número de publicaciones que tiene). Hay que insistir con que su proyecto glotopolítico responde a una dinámica normativa foránea disimulada en beneficio común como es el panhispanismo, lo cual, en principio, le conferiría una función estrictamente simbólica en el campo de la codificación. Sin embargo, entendemos que es más grave: su actuación reproduce la desigualdad lingüística y ahonda las brechas sociales, pese al hecho, no menor, de que subsiste gracias al financiamiento estatal, es decir, gracias a los ciudadanos que pagan sus impuestos para mantenerla.